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An: Junta Directiva del Banco Nacional Suizo
¡Que la SNB respete las comunidades afectadas y sus propias reglas!
Diese Kampagne wurde beendet.
El viernes 26 de abril de 2024, el Banco Nacional Suizo (BNS) celebró su Junta General Anual, en presencia de los accionistas o delegados de organizaciones de accionistas. Sin embargo, entre los asistentes faltaron dos personas: la abogada argentina Mariana Katz y Orlando Carriqueo, (werken) mensajero de la nación mapuche, a quienes, a pesar de estar debidamente inscritos se les denegó la entrada.
Mariana y Orlando son representantes de comunidades afectadas de Argentina y Pwelmapu, además de ser defensores de los derechos humanos y medioambientales. Viajaron para hacer un llamado de atención a la asamblea sobre las consecuencias de las inversiones del BNS en empresas como Exxon, Chevron y TotalEnergies, que explotan gas y petróleo de esquisto mediante fracking en Argentina (Vaca Muerta*). El banco público posee varios miles de millones de dólares en acciones de estas empresas sin importar la práctica del fracking en esta región, un proceso especialmente contaminante rechazado por los catorce cantones que se han pronunciado al respecto.
Al parecer, al BNS no le interesaba que la asamblea general escuchara las voces de las personas directamente afectadas y por esto les bloqueó la entrada, afirmando que sólo los miembros del comité pueden representar a las organizaciones en la asamblea general. Sin embargo, esta norma no se ha aplicado a otros miembros de organizaciones, ni este año ni los anteriores. Este comportamiento es discriminatorio e intolerable, y se produce tras las críticas del Observatorio del BNS por deficiencias en su gobernanza.
Condenamos enérgicamente que el BNS hubiera impedido la participación y los tres minutos de intervención, a una abogada perteneciente a una organización fundada por un Premio Nobel de la Paz, y a un portavoz de una nación indígena cuyo territorio está siendo devastado por empresas de las que el BNS es accionista.
Exigimos al Banco Nacional Suizo detener la discriminación en su Junta General de Accionistas de personas directamente afectadas, así como sus inversiones en proyectos de fracking como el de Vaca Muerta.
Mariana y Orlando son representantes de comunidades afectadas de Argentina y Pwelmapu, además de ser defensores de los derechos humanos y medioambientales. Viajaron para hacer un llamado de atención a la asamblea sobre las consecuencias de las inversiones del BNS en empresas como Exxon, Chevron y TotalEnergies, que explotan gas y petróleo de esquisto mediante fracking en Argentina (Vaca Muerta*). El banco público posee varios miles de millones de dólares en acciones de estas empresas sin importar la práctica del fracking en esta región, un proceso especialmente contaminante rechazado por los catorce cantones que se han pronunciado al respecto.
Al parecer, al BNS no le interesaba que la asamblea general escuchara las voces de las personas directamente afectadas y por esto les bloqueó la entrada, afirmando que sólo los miembros del comité pueden representar a las organizaciones en la asamblea general. Sin embargo, esta norma no se ha aplicado a otros miembros de organizaciones, ni este año ni los anteriores. Este comportamiento es discriminatorio e intolerable, y se produce tras las críticas del Observatorio del BNS por deficiencias en su gobernanza.
Condenamos enérgicamente que el BNS hubiera impedido la participación y los tres minutos de intervención, a una abogada perteneciente a una organización fundada por un Premio Nobel de la Paz, y a un portavoz de una nación indígena cuyo territorio está siendo devastado por empresas de las que el BNS es accionista.
Exigimos al Banco Nacional Suizo detener la discriminación en su Junta General de Accionistas de personas directamente afectadas, así como sus inversiones en proyectos de fracking como el de Vaca Muerta.
Warum ist das wichtig?
El SNB debe dejar de excluir arbitrariamente las críticas a sus políticas.
El SNB debe respetar sus propias directivas de inversión, que prohíben su participación en empresas que sistemáticamente cometen graves daños medioambientales y violan masivamente los derechos humanos fundamentales. Esto se contradice con su apoyo a empresas implicadas en la explotación a gran escala de gas y petróleo de esquisto.
Hacemos un llamado al BNS para que excluya las participaciones en empresas que causan daños masivos a la naturaleza y a los derechos de las comunidades locales, en particular las empresas petroleras que practican el fracking.
*Vaca Muerta es un yacimiento de petróleo y gas del tamaño de Bélgica. En los últimos 10 años, su explotación mediante fracking, llevada a cabo por más de veinte empresas diferentes, ha provocado ya más de 400 terremotos en zonas que nunca antes los habían tenido. Los productos químicos utilizados en el proceso contaminan el aire, el agua y el suelo, afectando a las poblaciones locales, la flora y la fauna. Las propias empresas admitieron más de 3.368 incidentes medioambientales entre 2015 y 2018, y el Gobierno contabilizó más de 2.000 en 2021.
El SNB debe respetar sus propias directivas de inversión, que prohíben su participación en empresas que sistemáticamente cometen graves daños medioambientales y violan masivamente los derechos humanos fundamentales. Esto se contradice con su apoyo a empresas implicadas en la explotación a gran escala de gas y petróleo de esquisto.
Hacemos un llamado al BNS para que excluya las participaciones en empresas que causan daños masivos a la naturaleza y a los derechos de las comunidades locales, en particular las empresas petroleras que practican el fracking.
*Vaca Muerta es un yacimiento de petróleo y gas del tamaño de Bélgica. En los últimos 10 años, su explotación mediante fracking, llevada a cabo por más de veinte empresas diferentes, ha provocado ya más de 400 terremotos en zonas que nunca antes los habían tenido. Los productos químicos utilizados en el proceso contaminan el aire, el agua y el suelo, afectando a las poblaciones locales, la flora y la fauna. Las propias empresas admitieron más de 3.368 incidentes medioambientales entre 2015 y 2018, y el Gobierno contabilizó más de 2.000 en 2021.